Una modificación que preocupa

La Provincia de Córdoba dio por finalizada la mesa de diálogo para modificar el mapa de ordenamiento territorial del bosque nativo (OTBN) incluido en la ley sancionada en 2010.
La norma prevé que cada cinco años se realice una actualización de las hectáreas incluidas en las diferentes categorías de protección (rojo, amarillo y verde).
Vale resaltar, que la Provincia había convocado a una mesa en la que participaron entidades agropecuarias, ONG ambientales, el movimiento campesino y las universidades.
La sorpresa es que también se expidió con un anteproyecto de ley, el cual generó enormes críticas por parte del ambientalismo y del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), quienes resaltaron que con esta nueva iniciativa se pretende avanzar con el rolado selectivo sobre más de dos millones de hectáreas, mediante el cambio de zonas rojas a zona amarilla, donde se permite el uso de rolo, a la vez que advirtieron que la disminución de la superficie de conservación va contra la Ley Nacional y sólo provocará la impugnación del proyecto provincial dejando a los campesinos y productores que han ordenado el territorio sin acceso al financiamiento que viene por pago de servicios ambientales.
Entre las modificaciones más importantes, define a los bosques como ecosistemas “compuestos predominantemente por especies arbóreas maduras”. Desde el ambientalismo sostienen que los matorrales brindan la mayoría de los servicios ecosistémicos que provee un bosque (mantener la fertilidad del suelo, regular el agua y el clima y secuestrar dióxido de carbono, responsable del cambio climático). Además, si se les da tiempo muchos matorrales tiene el potencial de convertirse en bosques; no prohíbe el rolado, que es un mecanismo para eliminar el estrato arbustivo. No lo prohíbe en la categoría roja, la de mayor protección. Tampoco prohíbe expresamente el cambio de uso de suelo (desmonte total) en esta categoría, y además permite el desmonte químico, permite que se utilicen especies exóticas en aquellos predios que hayan sido ilegalmente desmontados y además elimina la figura de arresto para aquellos que estén en infracción.

Mucha preocupación…

El ambientalismo teme que el nuevo mapa que debe confeccionar la Legislatura reduzca la cantidad de hectáreas protegidas como proponen Cartez y la Federación Agraria, quienes señalaron que en la provincia no debería superar los dos millones de hectáreas la superficie de bosque nativo protegida, cuando actualmente tiene cerca de cuatro millones.
Por último, prevé que el Ministerio de Ciencia sea la autoridad de aplicación en lugar de la Secretaría de Ambiente.